En un avance sustancial dentro de la investigación, el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del magistrado Alejandro Sánchez Freites, dictó el procesamiento con prisión preventiva para Gerardo Renee Bastos, el líder espiritual conocido como «Maestro Lucidor Flores» de la comunidad «Casa Mama» en San Marcos Sierras. Esta resolución, emitida aproximadamente hace un mes, formaliza la imputación y determina la calificación legal específica de los hechos. La medida incluye un embargo sobre sus bienes y consolida la posición de la justicia federal respecto a la gravedad de los delitos investigados.
La causa ahora tiene una carátula precisa que califica los hechos como «trata de personas con la finalidad de reducir o mantener a una persona en condición de servidumbre», agravado por haber mediado engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, por ser el autor ministro de un culto y por haber consumado la explotación. Esta figura legal captura la esencia de la acusación, que describe cómo Bastos utilizó su autoridad espiritual para someter a la víctima, creando una dinámica de servidumbre basada en la coerción psicológica.
En concurso real con el delito de trata, el juez Sánchez Freites procesó a Bastos por «abuso sexual con acceso carnal continuado», también agravado por haber sido cometido por un ministro de un culto. Esta calificación, que se apoya en una interpretación del artículo 55 del Código Penal, busca reflejar la naturaleza sistemática y repetitiva de los abusos sexuales, los cuales, según la investigación, fueron presentados a la víctima como un «servicio al maestro» dentro del marco distorsionado de las prácticas espirituales de la comunidad.
La investigación se remonta a años atrás, cuando una denuncia por violencia familiar derivó en una causa penal en la que luego tomó intervención la justicia federal. El testimonio de una mujer brasileña describió un patrón de sometimiento que comenzó con rituales de iniciación donde se inducía a proclamar su fragilidad, estableciendo una dependencia. Los elementos probatorios, incluidos correos electrónicos, mostraban cómo Bastos justificaba los contactos sexuales como actos de purificación espiritual, donde la negativa era interpretada como resistencia egoica.
La situación se complejizó con la integración de la víctima a la vida familiar del líder, al ser instada a formar una pareja con su hijo, con quien tuvo una hija. El traslado desde Brasil a la sede de San Marcos Sierras evidenció el componente transnacional del caso.
Hasta el momento, Gerardo Renee Bastos es el único imputado formalmente en esta etapa. La investigación continúa activa, con la expectativa de que el procesamiento y la prisión preventiva permitan profundizar en los mecanismos de captación y explotación desplegados. El caso sienta un precedente en la judicialización de delitos complejos donde la explotación espiritual y sexual se entrelazan, subrayando la responsabilidad penal de quienes abusan de su autoridad en contextos de supuesta guía religiosa.