La iniciativa contemplaba la construcción de un hotel casino cinco estrellas y obras de infraestructura en una zona afectada por una severa crisis hídrica. El fallo se dictó tras un amparo presentado por vecinos y una comunidad indígena.
La Justicia ordenó la suspensión de un megaproyecto inmobiliario y turístico que se proyectaba en el dique de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. El emprendimiento incluía la construcción de un hotel casino cinco estrellas, nuevas rutas y obras de gran escala, en un territorio que atraviesa una profunda crisis hídrica y presenta alta sensibilidad ambiental y social.
La decisión judicial se tomó a partir de un recurso de amparo ambiental impulsado por vecinos de la zona y por una comunidad indígena, quienes denunciaron graves irregularidades en el estudio de impacto ambiental, la existencia de desmontes previos y la ausencia de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, pese a tratarse de tierras consideradas ancestrales.
Cuestionamientos al estudio de impacto ambiental
Según consta en la presentación judicial, el proyecto avanzaba sin cumplir con los estándares mínimos de evaluación ambiental exigidos por la normativa vigente. Las organizaciones denunciantes señalaron que no se analizaron adecuadamente los efectos sobre el ecosistema local, el uso del agua y las consecuencias sociales que podría generar una obra de estas características en un contexto de escasez hídrica que ya afecta a las comunidades de la región.
Preocupación por el acceso al agua
El fallo remarca que la iniciativa se desarrollaría en un área donde el acceso al agua constituye un bien común esencial, hoy en tensión debido a la disminución de los recursos hídricos. Vecinos y referentes comunitarios advirtieron que el avance del proyecto podría profundizar desigualdades y comprometer el abastecimiento para consumo humano y productivo.
“Parece más un lavado de dinero que un proyecto real; el daño que nos provoca es mucho mayor que cualquier beneficio posible”, expresó Mariela Tulián, autoridad casqui curaca de la Comunidad Tulián, una de las voces que impulsó la acción judicial.
Un fallo que reabre el debate sobre el modelo de desarrollo
La resolución judicial representa un freno significativo a una iniciativa cuestionada por su impacto ambiental, la falta de controles estatales suficientes y la presunta vulneración de derechos colectivos. Al mismo tiempo, vuelve a poner en agenda el debate sobre qué modelo de desarrollo se impulsa en los territorios, y cómo compatibilizar inversiones privadas con la protección del ambiente, los recursos naturales y las comunidades locales.
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Emanuel Mercado
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